El presidente de la organización, Emilio Morillo Sabariego, plantea que quienes desean regresar al país deben contar con garantías reales de libertad, debido proceso y protección frente a posibles persecuciones políticas.
La situación migratoria que enfrentan miles de venezolanos en distintos países del mundo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué garantías existen para aquellos venezolanos que desean regresar a su país, especialmente cuando tienen procesos migratorios abiertos, solicitudes de protección pendientes, antecedentes de persecución política, investigaciones u órdenes de captura en Venezuela?
Para Emilio Morillo Sabariego, presidente de la Red Internacional de Abogados por Venezuela, el retorno de los venezolanos, particularmente de quienes han participado en actividades políticas y de defensa de los derechos humanos, no puede convertirse en una negociación individual con quienes detentan el poder.
“Los venezolanos que hemos denunciado violaciones de derechos humanos y hemos estado al frente de múltiples protestas contra los gobiernos de Chávez y Maduro debemos tener la posibilidad de regresar a nuestro país con garantías jurídicas. Regresar a Venezuela de forma segura no puede depender de negociar con el poder de turno, de obtener favores políticos o de alcanzar acuerdos particulares para poder ejercer un derecho fundamental”, afirmó Morillo.
El abogado considera que la discusión sobre el retorno debe comenzar por la construcción de garantías institucionales y jurídicas verificables, que permitan a los venezolanos conocer, antes de regresar, cuál es su situación legal y cuáles serán las condiciones de protección de sus derechos.
“Una persona que lleva años fuera de Venezuela, que tiene un proceso migratorio abierto en Estados Unidos, Colombia, Perú o cualquier otro país, no puede verse obligada a escoger entre permanecer indefinidamente en una situación migratoria incierta o regresar a Venezuela sin saber si será detenida al llegar”, señaló.
La preocupación adquiere especial relevancia ante las dificultades que actualmente atraviesan numerosos venezolanos en sus países de acogida.
En Estados Unidos, miles de venezolanos enfrentan procesos migratorios y solicitudes de protección que pueden verse afectados por los cambios en las políticas migratorias y por la evolución de la situación política venezolana.
En Colombia, pese a los avances alcanzados en materia de regularización, persisten desafíos para venezolanos que permanecen en situación migratoria irregular o que necesitan acceder a mecanismos de protección.
En Perú, igualmente, continúan presentándose situaciones que requieren mecanismos efectivos de regularización y protección para ciudadanos venezolanos.
“No podemos hablar únicamente de retorno. Tenemos que hablar de retorno con garantías. Una persona no debería tener que escoger entre enfrentar una situación migratoria cada vez más difícil en el exterior o regresar a Venezuela bajo la incertidumbre de ser detenida, perseguida o sometida a un proceso sin las debidas garantías”, sostuvo.
La Red Internacional de Abogados por Venezuela plantea que cualquier política o mecanismo destinado a facilitar el retorno debe contemplar, entre otros, los siguientes elementos:
1. Derecho a conocer la situación jurídica antes de regresar.
Los venezolanos deben poder verificar, mediante mecanismos oficiales y confiables, si existen investigaciones, procesos judiciales u órdenes de captura en su contra y tener acceso a la información correspondiente.
2. Garantía del debido proceso.
La existencia de una investigación u orden judicial no puede convertirse automáticamente en una declaración de culpabilidad ni justificar detenciones arbitrarias. Toda persona debe contar con el derecho a la defensa y a un proceso justo.
3. Independencia e imparcialidad judicial.
Las decisiones que afecten la libertad y los derechos de los ciudadanos deben estar sometidas a jueces independientes e imparciales, conforme a la Constitución venezolana y a los estándares internacionales de derechos humanos.
4. Protección frente a la persecución política.
Ningún venezolano debería ser detenido, procesado o privado de sus derechos por sus opiniones políticas, su actividad pública o su participación legítima en actividades de oposición y defensa de los derechos humanos.
5. Retorno sin negociación política individual.
El derecho a regresar debe estar protegido por instituciones, leyes y garantías generales. No debe depender de acuerdos particulares, intermediarios, favores políticos o negociaciones individuales con funcionarios.
Morillo insiste en que la discusión no debe centrarse en quién autoriza o condiciona el regreso de un venezolano, sino en qué garantías ofrece el Estado para proteger sus derechos.
“No estamos hablando de pedirle permiso a nadie para volver a Venezuela. Estamos hablando de construir un Estado en el que un venezolano pueda regresar a su país sabiendo que será protegido por la Constitución, que tendrá derecho al debido proceso y que ninguna autoridad podrá utilizar la justicia como instrumento de persecución”, sostuvo Morillo.
En este sentido, la Red Internacional de Abogados por Venezuela considera que el retorno debe formar parte de una discusión más amplia sobre la reconstrucción institucional y democrática de Venezuela, y que cualquier proceso de transición debe incorporar garantías concretas para quienes se encuentran actualmente fuera del país.
“Venezuela necesita que sus ciudadanos puedan volver. Necesita a sus profesionales, empresarios, trabajadores, estudiantes, familias, dirigentes y exiliados. Pero ese regreso debe producirse bajo garantías, no bajo miedo; bajo derecho, no bajo negociación”, concluyó Morillo.
La Red Internacional de Abogados por Venezuela hizo un llamado a los gobiernos de los países de acogida, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos para que incorporen el derecho al retorno seguro y con garantías jurídicas dentro de cualquier agenda relacionada con la reconstrucción democrática de Venezuela y la protección de los venezolanos en el exterior.
